El gobierno de Canadá anunció el día 19 que el gobierno chino ejecutó a cuatro ciudadanos canadienses por tráfico de drogas hace unos meses, lo que fue condenado enérgicamente por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, el mismo día.
Según fuentes de la Cancillería, los cuatro canadienses fueron detenidos en China en 2014 por cargos de intentar ingresar más de 200 kilogramos de metanfetamina al país. Después de un juicio en 2016, fueron condenados a muerte y ejecutados en abril de 2019.
La ejecución de estos ciudadanos canadienses ha sido recibida con gran tristeza y decepción por parte del gobierno y el pueblo de Canadá. El gobierno canadiense ha expresado su profunda preocupación por el uso de la pena de muerte en China y ha instado a las autoridades chinas a respetar los derechos humanos y a establecer una moratoria sobre la pena capital.
La ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, declaró en un comunicado que “Canadá condena enérgicamente el uso de la pena de muerte en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del mundo. La pena de muerte es una violación de los derechos humanos fundamentales y es una práctica cruel e inhumana”.
El gobierno canadiense también ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso judicial y por la falta de acceso a representación legal adecuada para los ciudadanos canadienses. Se ha pedido a las autoridades chinas que proporcionen más información sobre el juicio y la ejecución de estos ciudadanos.
Además, el gobierno de Canadá ha instado a China a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a respetar el derecho a un juicio justo y a un debido proceso para todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
La pena de muerte sigue siendo un tema controvertido en todo el mundo, con algunos países abolirla por completo y otros manteniéndola en su sistema judicial. Sin embargo, Canadá se ha mantenido firmemente en contra de la pena de muerte y ha trabajado para abolirla en todo el mundo.
En este sentido, el gobierno canadiense seguirá abogando por la abolición de la pena de muerte y por garantizar que se respeten los derechos humanos fundamentales en todos los países. La ejecución de estos cuatro ciudadanos canadienses es una trágica pérdida y un recordatorio de la importancia de seguir luchando por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo.
